Agenda laboral: ¿alguien gana realmente?

Susana Jiménez

Tras veinte meses de encendida tramitación y seis de vacancia (que supuestamente debían servir para completar la regulación), la reforma laboral entró en vigencia el pasado 1 de abril. Pero no es todo. Se le suma una nutrida agenda legislativa para conformar un cuadro de crecientes costos laborales que seguirán fustigando nuestra aletargada economía.

Los efectos de la reforma laboral, previsiblemente dañinos, fueron advertidos pero no escuchados -como ha ocurrido en tantas ocasiones durante estos 3 años-, traduciéndose en una limitación a las libertades no sólo de empleadores, sino también de los mismos trabajadores, con las cúpulas sindicales como único ganador.

La reforma aprobada prohíbe todo tipo de reemplazo de trabajadores, tanto internos como externos, lo que significará que, en no pocas ocasiones, los empleadores se verán obligados a elegir entre reajustes salariales desalineados de la productividad o la paralización de su actividad, opciones ambas de alto costo e insostenibles en el tiempo. Otras complicaciones incluyen la extensión de beneficios que, a excepción de los reajustes de remuneraciones, queda sujeta a la venia de los sindicatos; la definición de servicios mínimos, que no admitirá más que un mínimo de operación; y el que las empresas con más de 50 trabajadores se podrán ver obligadas a negociar con sindicatos interempresas.

También perdieron los trabajadores. Pese al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales las normas relativas a la titularidad sindical, la no adecuación de la norma por parte del Ejecutivo y el posterior dictamen de la Dirección del Trabajo están destinados a quitarles el derecho a negociar por la vía de su preferencia.

Y hay más. Así lo revela una serie de otros proyectos en trámite en el Congreso que incluyen la obligación legal de contratar trabajadores con discapacidad, el pago de indemnizaciones en contratos por obra o faena y la extensión de la indemnización en caso de muerte del trabajador. Se suman además iniciativas creativas, como la reducción de horas trabajadas, la prohibición de comunicaciones fuera del horario laboral, la prohibición de pactar funciones diversas y la contravención de subcontratar funciones inherentes a la actividad propia de la empresa. Todo un menú.

Cabría preguntarse cuánto de esta maraña regulatoria realmente beneficia a Chile y sus trabajadores. Ya antes de la aprobación de la reforma laboral, Chile desteñía en los rankings mundiales de libertad económica precisamente por su regulación laboral. De hecho, el informe Economic Freedom of the World 2016 situó a Chile en el lugar N°130 de 159 países en materia de regulación del mercado laboral producto, entre otros, de las normas para contratar y desvincular trabajadores.

La autoridad puede prometer muchas cosas, pero insistir con leyes que aumentan el costo de desarrollar actividades que requieren de mano de obra solo puede terminar perjudicando a los mismos que dicen querer proteger: los trabajadores. Así que “no me ayude tanto compadre”, porque después difícilmente podremos sorprendernos si la economía crece poco, se desvanecen los empleos asalariados y aumentan los trabajos informales.